La búsqueda de justicia y la protección de los derechos fundamentales deben ser siempre objetivos primordiales, sin dejar de lado la importancia de la cooperación entre naciones en la lucha contra el crimen y la impunidad.
Es importante destacar que esta falta de cooperación puede presentar tanto ventajas como desventajas, dependiendo de las circunstancias y la posición jurídica de cada persona involucrada. Por un lado, puede ser una oportunidad para evitar la persecución y el enjuiciamiento en el extranjero, permitiendo a los individuos encontrarse a salvo de potenciales condenas o violaciones de derechos humanos.
La extradición es un proceso mediante el cual un individuo acusado de un delito en un país puede ser enviado a otro país para ser juzgado.
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A pesar de esta excepción, España puede solicitar extradiciones de prófugos de la justicia estatal a sus 26 socios de la Unión Europea y a Reino Unido gracias a esa normativa, a los que hay que sumar los 36 países de todo el mundo con los que las autoridades españolas han ido firmando convenios bilaterales de extradición, como detalla el Ministerio de Justicia.
Así, pese a que España forma parte de la Unión Europea y de que existen las llamadas euroórdenes que facilitan el proceso de entrega de prófugos en el terreno comunitario, sus peculiaridades han saltado a la vista en las peticiones contra los antiguos miembros del Govern catalán que se exiliaron para evitar ser procesados por el referéndum de 2017 denegadas por Bélgica, Alemania, Escocia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Este procedimiento se basa en tratados internacionales y en la legislación nacional, y son los jueces y el Gobierno quienes determinan si se concede o deniega la extradición en cada caso específico.
Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia civil o mercantil
Escrito interponiendo declinatoria por falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a los Tribunales de otro Estado
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one. La extradición es el proceso legal mediante el cual un país entrega a otro país a una persona acusada de cometer un delito en ese segundo país.
Si un ciudadano peruano es acusado de un delito en un país con el que For eachú tiene un tratado de extradición, el gobierno peruano puede extraditar al ciudadano para que sea juzgado en ese país. Sin embargo, el ciudadano tiene derecho a un juicio justo y a la asistencia legal.
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No se concede la extradición por delitos políticos, porque estos dejan de serlo al atravesar una frontera. Como ilustra el jurista José Irureta Goyena: “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el useful source delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías”.